El juicio contra la firma de consultoría y auditoría Pricewaterhouse Coopers (PwC), que se enfrentan a penas de hasta 14 años de cárcel por un presunto fraude fiscal de 40 millones de euros, tendrá que esperar. La Fiscalía anticorrupción ha retirado este lunes, en el primer día de vista oral en la Audiencia Nacional de Madrid, la acusación a 12 exsocios de los 4 socios y 55 exsocios acusados de fraude fiscal en la operación de venta de la división de consultoría a la multinacional estadounidense IBM en 2002, informan fuentes jurídicas.

La representante del Ministerio Público ha realizado esta solicitud al comprobar que en el caso de esta docena de acusados la cuota presuntamente defraudada no superaba el límite de los 120.000 euros contemplado para la tipificación del delito de fraude fiscal. La Fiscalía pedía penas de entre dos años y 14 años y diez meses de cárcel para los 61 socios iniciales (dos han muerto en estos 13 años), por considerar que se burló a Hacienda mediante prácticas de ingeniería fiscal en la venta del negocio. 

suspensión de la vista oral por un plazo de 20 días, a fin de que las defensas tengan tiempo para ampliar los informes periciales que han aportado al procedimiento. Tanto los acusados como por la propia firma PwC, también procesada por no haber practicado las retenciones del IRPFcorrespondientes a la operación, han contratado a los más prestigiosos abogados penalistas de España para llevar el juicio.

Los acusados para los que se pide la máxima pena son Miguel Fernández de Pinedo, expresidente y administrador único de la firma; y César Rodríguez Ramos y José María Tajadura, administradores solidarios de PwC Consulting. Para cada uno de ellos el fiscal solicita penas de 14 años y diez meses de cárcel y multas que superan los 100 millones de euros. Los socios acusados, que presuntamente defraudaron al erario público cantidades superiores a los 120.000 euros, tienen nacionalidades española, inglesa, francesa, irlandesa y austriaca.

En el juicio oral también se dirimirá la responsabilidad civil subsidiaria de PwC y sus divisiones de Auditores, Asesores de Negocio y Jurídico y Fiscal así como contra IBM Global Services España (como sucesora de PwC Consulting).

Los hechos descritos por la Fiscalía y asumidos por la Audiencia se refieren a la venta de la división de consultoría a nivel mundial, PwC Consulting a IBM por 3.500 millones de dólares en octubre de 2002. La filial española se valoró en 40 millones de euros. Según se detalla en el auto de apertura de juicio oral de 10 de diciembre de 2013, los acusados realizaron diversas operaciones previas a la venta en busca de defraudar presuntamente a las haciendas Pública Estatal, Foral Vasca, Foral de Bizkaia y Foral de Álava.

La privatización de la alta tecnología emprendida por el Gobierno de Feijóo cumple uno de los deseos formulados por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) hace tres años en el documento Diez temas candentes de la Sanidad española para 2012, elaborado en 2011 con la participación, entre otros, de políticos como la actual ministra del PP Ana Pastor, el entonces consejero de Sanidad de Madrid, el popular Javier Fernández Lasquetti, y el exministro socialista Jordi Sevilla, y de empresas con intereses en la sanidad pública como Philips Healthcare, Acciona, Capio o Ribera Salud. “Aunque la tecnología ha sido excluida de las operaciones de colaboración público-privada (CPP), consideramos que va a constituir un elemento central en la nueva generación de fórmulas CPP. En estas nuevas fórmulas, los fabricantes se convierten en socios tecnológicos que participan en una colaboración basada en el riesgo compartido. Debido a su complejidad, suelen articularse a través de la fórmula de diálogo competitivo”.

Ese mismo año 2011 el PP gallego elevó al Parlamento una propuesta para contratar por diálogo competitivo la renovación de la alta tecnología del Sergas apelando a las “dificultades” presupuestarias para realizar inversiones. El PSdeG mostró su oposición por tratarse de una fórmula de contratación “más opaca” y el BNG consideró que dejar a las empresas decidir la tecnología pone la sanidad pública en manos de la “ética del capitalismo”, que “tiene como único fin ganar dinero a toda costa”. AGE, que en el año 2011 aún no había nacido, expresó la pasada semana su rechazo a la privatización de la alta tecnología porque, entre otras cosas, “favorecerá el gasto en la compra de maquinaria y el incremento de pruebas diagnósticas, como ya se ha demostrado en otros lugares donde estos servicios no son públicos”.

Price Waterhouse Coopers (PWC) ha rechazado el encargo que le hizo Gowex el pasado 4 de julio para realizara una auditoría forense, es decir una investigación contable a fondo para comprobar el estado de las cuentas de la empresa a 31 de diciembre de 2013, según ha notificado la auditora al Mercado Alternativo Bursátil. Jenaro García, fundador y presidente de la empresa, reveló hace dos semanas que había falseado las cuentas de la empresa.

Price Waterhouse Coopers señala que tales servicios de auditoría no han podido ejecutarse por la ausencia de formalización de la carta de encargo. Asimismo, manifiesta que “no se han dado las condiciones mínimas necesarias para que pudiera iniciar el trabajo, al no encontrar interlocutores autorizados en Gowex y, en consecuencia, no haber tenido acceso a la información indispensable para desarrollar su análisis.

PWC indica al MAB que declina cualquier eventual obligación derivada del encargo que realizó la empresa. La auditora recibió ese encargo el 4 de julio, en plena crisis del valor de Gowex, que se desplomó un 60%, y que remitió un hecho relevante al MAB indicándole que una firma independiente y de prestigio revisaría las cuentas auditadas por M&A Auditores, una firma casi desconocida en el sector, uno de cuyos socios fue inhabilitado por el Ministerio de Economía.

De hecho, una de las críticas de Gotham que motivó su informe negativo sobre Gowex eran los bajos honorarios de estas firma auditora, y su escasa credibilidad.

Un informe forensic, de investigación de posibles irregularidades, tratará de mostrar si las demoledoras acusaciones lanzadas por la firma Gotham City Research sobre la empresa de wi-fi Gowex tienen fundamento o no. Un informe de ese tipo, en aquel caso realizado por KPMG, fue el que acreditó gran parte de las irregularidades descubiertas en la gestión de Pescanova. Gowex espera que esta vez el desenlace sea distinto y que en este caso sirva para atajar la enorme desconfianza que se ha apoderado de los inversores con respecto a la empresa.

La investigación de PwC irá referida al pasado ejercicio y se centrará en la información contable, financiera, contractual y de gestión de la compañía, según explicó la noche del viernes Gowex en un hecho relevante remitido al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), en el que cotiza la empresa.

Los resultados del informe deberán estar listos para el próximo 31 de agosto, según ha explicado la propia empresa, que señala que "ha aceptado la propuesta de servicios profesionales de price Waterhouse Coopers" para la realización de dicho informe.

La empresa había anunciado que contrataría a una firma de auditoría de primera fila, pero ha sido ahora cuando ha comunicado que lo que ha encargado es un informe forensic, un tipo de trabajo que trata de desvelar posibles irregularidades.

Confianza en la "falsedad" de las acusaciones

Gowex señala que "tiene plena confianza en que las conclusiones de este informe confirmará la falsedad de las acusaciones de Gotham City Research". Dicha firma de análisis, que trata de desenmascarar compañías sobrevaloradas por fraude o deficiente información en el mercado, calculaba que solo el 10% de los ingresos que declara Gowex son reales. Su informe aseguraba que las acciones de Gowex no valen nada y provocó que su cotización se desplomase un 60% en solo dos días. La firma auguraba que la cotización de Gowex sería suspendida como la de Pescanova (cosa que ha ocurrido, aunque por ahora solo temporalmente) y que la empresa es un fraude.

Gowex apenas da explicaciones en sus cuentas sobre la procedencia de sus ingresos y ha asegurado que las acusaciones de Gotham son infundadas, pero sin llegar a refutar sus argumentos. La firma de wifi obtiene la mayor parte de su financiación externa de organismos públicos como el Instituto de Crédito Oficial, el CDTI y préstamos blandos del Ministerio de Industria. Ha recibido premios públicos y privados. Sus acciones estaban entre las que más se habían revalorizado de la Bolsa española antes del demoledor informe informe de Gotham.